En esta entrada del blog hablaremos sobre la separación, dejando para próximos post el procedimiento, trámite de liquidación del régimen económico matrimonial y el divorcio que, entendemos, merecen de extensión y contenido propio, facilitando así la mejor comprensión por parte del ciudadano.

Hay una tendencia al alza, según el INE, a que se produzcan separaciones y divorcios a la vuelta de las vacaciones de verano. Desde el Bufete Castillo, siempre recomendamos acudir a un abogado de familia que asesore y resuelva cualquier tipo de duda, iniciando el procedimiento con todas las garantías de mayor calidad jurídica y confianza.

La Ley 15/2005, de 8 de julio, modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil poniendo punto y a parte al sistema causalista de separación y divorcio, entendiendo que debe primar la libertad del individuo en el inicio del matrimonio, en el tiempo que dure la relación matrimonial, pero también en el momento de poner fin al mismo. De esta forma, no es necesario demostrar la concurrencia de causa alguna para que se lleve a cabo la separación.

La separación es el acto mediante el cual, los cónyuges de mutuo acuerdo o por decisión de uno de ellos, deciden poner fin a su convivencia e iniciar vidas independientes. No disuelve el vínculo matrimonial (el divorcio sí), por lo que si se reduce a una separación de hecho, a efectos legales siguen casados y en el mismo régimen en el que contrajeron matrimonio. Uno de los problemas que nos encontramos es el relativo a las deudas contraídas por uno de los cónyuges afectando a los bienes gananciales o, incluso, llegar a incurrir en un delito de abandono de familia. Por lo tanto, la forma en que se lleve a cabo no es una decisión baladí.

La separación se decretará judicialmente cuando existan hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de sus progenitores (art. 81 CC). Se establece un plazo de tres meses desde la celebración del matrimonio, salvo que se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, integridad moral o sexual del cónyuge demandante, de los hijos o de cualquiera de los miembros del matrimonio.

  • Separación de mutuo acuerdo. Es necesario que se aporte junto a la demanda de separación un convenio regulador, determinando las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la separación. Obviamente, será un procedimiento más rápido, pudiendo tener ambos cónyuges mismo procurador y abogado.
  • Separación contenciosa. Las partes no llegan a un acuerdo por lo que no se acompaña convenio. Procedimiento más complejo y en el que se pueden establecer medidas provisionales con carácter previo o simultáneo, respecto a la situación patrimonial de los cónyuges y, sobre todo, de los hijos. Nada impide que, durante la celebración del contencioso, se convierta en mutuo acuerdo elaborando y firmando un convenio regulador.

La Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria, establece la posibilidad a los cónyuges que no tienen hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente, y sea de mutuo acuerdo, formalizar convenio regulador ante el Secretario Judicial o en escritura ante Notario, debiendo otorgar también consentimiento los hijos mayores o menores emancipados, en aquellas medidas que les afecten por carecer de ingresos propios y convivir en el domicilio familiar. Se excluye a los funcionarios diplomáticos o consulares que no podrán autorizar escritura pública.

En el supuesto de reconciliación conyugal, se pondrá fin al procedimiento de separación, inscribiéndose en el Registro Civil para generar eficacia frente a terceros, en el caso de que hubiera quedado resuelto. En el caso de separación realizada por Notario, la reconciliación deberá formalizarse en escritura pública.

La separación – Bufete Castillo | Despacho de abogados en Madrid